El ritmo de fallecimientos entre el personal de salud en México no ha parado desde que el 2 de abril se conoció el primer caso de la muerte de un médico de Coahuila por Covid-19. 

De entonces a la fecha, aproximadamente cada dos horas y media ha muerto un trabajador de la salud a consecuencia del nuevo virus, ya sea una médica, enfermero, paramédica, laboratorista u otros trabajadores hospitalarios.

Las cifras de la propia Secretaría de Salud muestran un panorama desolador: del 1 de abril al 19 de octubre han fallecido al menos mil 790 trabajadores de la salud en los 32 estados del país, sin que haya uno solo exento de esa circunstancia. 

Ha habido meses en que la mortalidad en este grupo ha sido mayor: en junio se registró una tasa pico de 14 fallecimientos cada día. Los propios trabajadores de la salud atribuyen ese ascenso, como ocurrió entre la población en genetral, al regreso a la “nueva normalidad” que el gobierno puso en vigor a partir del primer día de ese mes.  

“Al regresar a la Nueva Normalidad empezó un repunte en los fallecimientos del personal médico. No podemos cerrar los ojos ante la realidad. Buena parte de la población tiene que trabajar para comer. Pero el gobierno de Chiapas regresó a la normalidad sin ningún diagnóstico real”, considera María de Jesús Espinosa, secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, que agrupa al personal de ese estado. 

Luego de ese pico, la tasa diaria de muertes entre el personal de salud se estabilizó e incluso disminuyó a la mitad en septiembre, cuando el promedio de fallecimientos fue de 7.1 trabajadores de la salud cada 24 horas.

La llegada de octubre ha traído consigo un repunte en la pérdida de vidas en el personal de salud. Los últimos registros de la Secretaría de Salud destacan que el promedio se elevó de nuevo a 10.4 muertes diarias entre el 1 y el 19 de octubre. 

Los contagios entre el personal de salud también han experimentado un crecimiento exponencial: en sólo cinco meses el número de trabajadores que dio positivo a la prueba de Covid-19 se ha multiplicado por 15: creció de 8 mil 500 a casi 131 mil entre mayo y octubre. 

Un reporte emitido en septiembre pasado por la organización Amnistía Internacional destaca que México ocupa el primer lugar mundial en trabajadores de la salud fallecidos por Covid-19, por encima de Estados Unidos, Brasil y Reino Unido.

“Muchos meses después de que empezó la pandemia, el número de muertes entre el personal sanitario sigue siendo espantoso” en esos países, consideró Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional.

La pandemia se ha llevado a todo tipo de trabajadores: operadores de ambulancia, camilleros, laboratoristas, trabajadores sociales, médicas, enfermeras, así como a cuadros especializados en diversas áreas, situación que ha agudizado la falta de recursos humanos para enfrentar la pandemia.   

De las 1790 muertes de personal de salud reportadas por las autoridades sanitarias del país, el equipo que realizó esta investigación pudo identificar con nombre, especialidad, función, lugar de trabajo y fecha de fallecimiento a mil 166. 

Una revisión de la base de datos elaborada por este grupo de periodistas permite contar con una dimensión más precisa de las pérdidas humanas y de conocimiento especializado con que cuenta el sistema de salud pública en México. 

Han fallecido cientos de médicos generales y familiares, decenas de urgenciólogos, neumólogos, intensivistas, epidemiólogos, oncólogos, pediatras, infectológos, traumatólogos, ginecólogos, anestesiólogos y muchos más especialistas.     

La muerte ha recorrido centenas de hospitales y clínicas, dejando una estela de vidas perdidas, la mayoría de ellas casi en el anonimato. Por eso importa nombrar a quienes no resistieron el contagio del virus, para evitar que su muerte sólo sea un número más en la ascendente estadística. 

Por eso es necesario mencionar que Columba era la jefa de enfermeras del hospital de Cancerología en Acapulco, o que los hermanos Elisa, Raúl y Rosa (dos médicos y una enfermera) fallecieron en Coahuila entre abril y septiembre de este año a causa del virus, o que un eminente neurólogo como Luis Enrique dejó su vida mientras atendía pacientes en el Instituto Nacional de Neurología.

Importa que todos sepamos y valoremos que Janeth Olivia era anestesióloga en el hospital del ISSSTE en Cárdenas, Tabasco; que Gaudencio tenía 65 años y era médico en una clínica pública de Iztapalapa, o que María Luisa tenía 29 años y apenas unos meses de haber sido contratada como enfermera en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Esta circunstancia no sólo ha dañado la salud de los trabajadores e incrementado la carga de trabajo para quienes se mantienen atendiendo a pacientes en clínicas y hospitales de todo el país, sino que tiene consecuencias económicas. 

Rafael Cruz Soto, enfermero del IMSS y uno de los voceros de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud de México, explica que la incapacidad otorgada a los trabajadores contagiados por Covid-19 se les expide como si fuera una enfermedad general y no un riesgo de trabajo, lo que implica que se les retribuye sólo 60 por ciento de su salario. “Se trata de que se reconozca lo que estamos aportando y que se nos pague la incapacidad laboral o la indemnización por fallecimiento al 100 por ciento. Es lo justo”.  

Al déficit de personal de salud existente desde décadas, calculado por las autoridades federales en 200 mil médicos y enfermeras, se sumarán algunos miles más, los que han muerto y los que desafortunadamente seguirán muriendo en la pandemia.